La Ley de Cambio Climático que se acaba de aprobar contempla dos aspectos decisivos: reducir los gases de efecto invernadero que se emiten y adaptar el país a los impactos que el cambio climático ya está provocando
El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética con el objetivo de reducir la emisión de los gases de efecto invernadero y adaptar el país a los impactos que el cambio climático ya está provocando: precipitaciones más escasas pero más torrenciales, incremento de temporales costeros destructivos, proliferación de especies invasoras o pérdida de biodiversidad. La norma es más ambiciosa que las metas que exige la Unión Europea.
El Senado deberá ahora darle ahora el visto bueno y, si no incluye modificaciones, la ley quedará definitivamente aprobada previsiblemente en mayo.
La ley aborda la lucha contra el cambio climático, pero, en definitiva, atravesará muchos aspectos de la vida cotidiana de la ciudadanía: encender el interruptor de la luz cada día, los desplazamientos, la manera de producir y transportar de las empresas, las viviendas, la disponibilidad de agua de calidad o la protección ante fenómenos meteorológicos adversos.
Metas para 2030
Eficiencia energética y rehabilitación de edificios. La Ley de Cambio Climático pretende servir para canalizar los fondos europeos del plan de recuperación también en materia de edificación y eficiencia energética. Algunas de las medidas contempladas son:
- El Gobierno deberá poner en marcha en los seis primeros meses desde la entrada en vigor de la ley un plan de rehabilitación de viviendas y renovación urbana.
- Las Administraciones tendrán que aprobar incentivos para la “introducción de las energías renovables” para impulsar así el autoconsumo y la calefacción y refrigeración de cero emisiones. También se apuesta por el uso de materiales con la menor huella de carbono posible y por las mejoras en la accesibilidad.
Adaptación y biodiversidad. La Ley de Cambio Climático ley incluye varios apartados referidos a la adaptación al cambio climático. Hay determinados impactos del calentamiento que ya no se podrán revertir, por lo que la norma establece medidas relacionadas con este asunto y con la protección de la biodiversidad:
- El Gobierno deberá aprobar cada cinco años un plan nacional de adaptación al cambio climático, que tendrá que incluir, por ejemplo, “la identificación y evaluación de impactos previsibles y riesgos” para “varios escenarios posibles”. También la evaluación de la “vulnerabilidad de los sistemas naturales, de los territorios, de las poblaciones y de los sectores socioeconómicos”. Además, cada cinco años se deberán aprobar “informes sobre riesgo climático”.
- La ley fija que la ordenación urbana y la planificación hidrológica deberán tener en cuenta el cambio climático.
- El Ejecutivo tendrá que presentar una “estrategia específica de conservación y restauración de ecosistemas y especies especialmente sensibles a los efectos del cambio climático”.
- Y, en un plazo de seis meses, el Gobierno se compromete a remitir a las Cortes el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados.
Riesgos financieros, empresas y comité de expertos. La ley incluye varios apartados que buscan ampliar el conocimiento sobre los riesgos a los que se expone la economía del país debido al cambio climático, además de un cierto control externo de las medidas contra el calentamiento.
- Las grandes empresas, las entidades financieras y las aseguradoras deberán elaborar anualmente informes sobre los riesgos para su actividad derivados “de la transición hacia una economía sostenible y las medidas que se adopten para hacer frente a dichos riesgos”.
- Además, las grandes empresas deberán realizar un cálculo de las emisiones que genera su actividad. Y tendrán que elaborar y publicar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con objetivos para cada cinco años.
- La aprobación definitiva de la ley supondrá la creación de un comité de expertos de cambio climático que deberá evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas para la transición. Además, el Gobierno creará una “asamblea ciudadana del cambio climático” en la que se buscará impulsar la participación de la sociedad en la lucha contra el calentamiento.
Movilidad. En 2019 casi el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero de España procedieron del sector del transporte. La ley de Cambio Climático intenta acompañar la tendencia de cambio en la movilidad hacia el vehículo eléctrico.
- El objetivo principal es lograr en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO₂. Para ello, a más tardar en 2040 no se podrán vender turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos que emitan CO₂. Es decir, se marca el año 2040 como el límite para vender automóviles con motores de combustión (gasóleo y gasolina), si bien la ley no impide que los vehículos con esta tecnología fósil que estén en circulación antes de ese año puedan continuar funcionando.
- Todos los municipios de más de 50.000 habitantes deberán adoptar planes de movilidad sostenible, del tipo Madrid Central. Los municipios de más de 20.000 habitantes también deberán aprobar zonas de bajas emisiones si su calidad del aire no es buena.
- La norma también establece obligaciones para que las gasolineras coloquen puntos de recarga de coches eléctricos y para facilitar que se instalen en los edificios y aparcamientos.
Sector eléctrico. El sector eléctrico representa en estos momentos algo menos del 14% de las emisiones de efecto invernadero del país. Ley de Cambio Climático contempla duplicar en 2030 la cuota de renovables de la generación eléctrica en España hasta llegar a un 74%. Y fija como objetivo para 2050 que el 100% de la generación eléctrica sea renovable.
Combustibles fósiles. La Ley de Cambio Climático establece una serie de limitaciones para la explotación de nuevos yacimientos de combustibles fósiles en España. La quema de este tipo de combustibles para generar energía es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero.
